domingo, 2 de enero de 2011

Jaime irá a juicio oral por dádivas

El ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, acusado por numerosas irregularidades cometidas durante su paso por la función pública, irá este año a juicio oral por presuntas dádivas. En esta causa de las muchas que tiene Jaime, se investigará si el Grupo Cirigliano le pagó viajes en avión, conducta penada por la ley.

El Grupo Cirigliano, según se puede leer en "los medios" y en "los foros", es el propietario de la empresa de colectivos Plaza: un verdadero gigante del transporte automotriz que explota líneas de colectivos urbanos y micros de larga distancia. Además, controla la empresa TBA (Trenes de Buenos Aires), concesionaria de los ferrocarriles Mitre y Sarmiento y que tiene una participación junto a Metrovías y Ferrovías en la UGOFE (Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia), que con fondos estatales opera los ferrocarriles Roca, Belgrano Sur y San Martín. Además, controla los talleres EmFer (Emprndimientos Ferroviarios), que ocupan los galpones que otrora fueran de Fabricaciones Militares. Allí se remodelan y se reparan coches eléctricos, remolcados y locomotoras de los diferentes ramales ferroviarios en los que TBA tiene injerencia.

Vale recordar que TBA es una empresa bajo fuestes cuestionamientos por el pésimo mantenimiento que aplica a los ramales que le fueran entregados en concesión durante la gestión de Menem. No hace falta ser experto en ferrocarriles para ver el estado de depredación y abandono que sufren el Mitre y Sarmiento: vías dobladas, cambios en mal estado, faltantes de tirafondos y silletas de sujeción (pieza de acero que sujeta el riel al durmiente), ausencia parcial o total de cobertores de tercer riel en extensos tramos de vías. El material rodante también sufre: telas de araña (con sus habitantes incluídos) en coches en servicio, asientos de plástico de pésima calidad destruídos, formaciones sin frenos o con fallas eléctricas. Los trenes del Mitre y el Sarmiento fueron fabricados por Toshiba en los años 50 y 60 e importados de Japón por el Estado. Hasta que llegó TBA en 1995, los coches se mantenían en estado prácticamente original y en condiciones aceptables de mantenimiento; desde entonces, hay algunos que han sido sometidos ya a tres remodelaciones profundas que ni siquiera pudieron evitar que se prendieran fuego revestimientos supuestamente ignífugos en los incidentes de la estación Haedo.

La falta de mantenimiento y la desorganización de TBA se puso nuevamente en evidencia el 31 de diciembre pasado en el choque que involucró a dos formaciones de la línea Mitre. Circulan varias versiones al respecto: las señales no andaban; los motormen violaron las disposiciones del reglamento. Sea como sea, ambas apuntan a la empresa como principal responsable y al Estado como cómplice necesario al no controlar el estado de la infraestructura y el cumplimiento de la normativa de seguridad operativa.

Pero TBA no se irá, al menos hasta que no haya 100 ó 200 muertos, y todo gracias a la estrecha relación que mantiene con el Estado nacional. Dicha relación está muy bien aceitada con los subsidios que empezaron a girarse en tiempos de Jaime y que siguen entregando sin estricto control público las actuales autoridades de la Secretaría de Transporte.

Los trenes chinos

Otra de las causas en contra de Jaime es por supuestos sobreprecios en los coches comprados a China para el subte porteño. Una nota de enelSubte.com expuso la situación en noviembre de 2008, cuando Jaime firmó el contrato con representantes orientales, y sirvió de base para la presentación judicial que al respecto hizo la Coalición Cívica.

La causa estuvo dormida hasta que la computadora del asesor Manuel Vázquez fue revisada por expertos en informática, y allí había correo electrónicos que hablaban sobre los sobreprecios. A mediados de diciembre, la Justicia aceptó la validez como prueba de estos documentos que podrían servir para poner a Jaime tras las rejas.

No obstante, nada ha cambiado en la "politica ferroviaria" del Gobierno. A pesar de encontrarse bajo investigación judicial, los acuerdos con China (que abarcan también la disparatada compra de locomotoras y material remolcado para el San Martín, ramal que necesita urgentemente la electrificación de la que se viene hablando desde los tiempos de la administración británica en 1907) siguen en ejecución. Así se puede ver en uno de los megadecretos firmados por Cristina Kirchner hace días, en los que autoriza al Ministerio de Planificación a endeudar a la Nación en más de 6.000 millones de dólares para cumplir con acuerdos bajo investigación judicial y contraídos a sola firma de la Presidente y De Vido sin participación ni auditoría parlamentaria, que involucran la compra de material extranjero sin fomentar la necesaria reindustrialización local del sector ferroviario.

Sería prudente que la Justicia ordenara al menos la suspensión de estos acuerdos hasta tanto haya una sentencia firme en la causa por los sobreprecios. Mientras haya sospechas de corrupción en un negocio que comprometerá el crédito público, la creación de empleos con desarrollo tecnológico argentino y la preservación de los coches históricos de la línea A (de valor patrimonial innegable al ser los coches en servicio comercial más antiguos del mundo y atractivo turístico de la Ciudad de Buenos Aires presente en varias guías internacionales), el Estado no debería desembolsar ni un sólo peso en esta operación. Por supuesto que, como esto sigue su curso, los responsables habrá que buscarlos más arriba.