Desde hace varios meses circula insistente el rumor de que, tras las elecciones legislativas, el Gobierno anunciará una nueva devaluación del peso.
En 2002, tras once años de convertibilidad, Argentina decidió desvalorizar su moneda para poder corregir los graves desequilibrios macroeconómicos que aquejaban a su economía: el tipo de cambio 1 a 1 favorecía la importación de productos extranjeros en desmedro de la producción y el empleo nacional, además de obligar al Gobierno a un delicado equilibrio en las medidas que tomaba para poder sacar al país de la recesión. En un esquema de tipo de cambio fijo, la cantidad de moneda en circulación ("oferta monetaria" en sus diferentes medidas) no puede ser determinado por el Banco Central a través de la política monetaria. Por ejemplo, cuando la economía amenaza con enfriarse, países como Estados Unidos o Brasil simplemente recortan la tasa de interés para aumentar la cantidad de dinero que se presta a través de los bancos, además de hacer más atractivos los créditos al consumo (los famosos "planes de cuotas"). Si al consumidor se le cobra menos recargo por usar la tarjeta de crédito o por comprar un lavarropas en cuotas,entonces estará más dispuesto a endeudarse para financiar sus gastos.
En cambio, en la Argentina de la Convertibilidad esto no era posible. Por ley, el Banco Central estaba obligado a entregar un peso por cada dólar que ingresaba al país y viceversa. Por lo tanto, la cantidad de pesos en circulación está fuertemente relacionada con la cantidad de moneda extranjera que entra a las arcas del Central. En un contexto de desconfianza y fuga de capitales como el de 2001, los "inversores" (categoría heterogénea que incluye desde a aquel que pone plata en la producción genuina de bienes y servicios, hasta los fondos buitres) se desprenden de los pesos que tienen y demandan dólares. El BCRA no tenía más remedio que entregarlos al precio que fijaba la ley, sin tener la posibilidad de dejar los pesos en circulación para estimular la demanda ya que eso contaría como "emisión sin respaldo", expresamente prohibida por la Ley de Convertibilidad: los dólares que respaldaban a esos pesos simplemente ya no están en el banco. De ahi vino el fenomenal robo de los ahorros privados conocido como "corralito" y "corralón", que aun hoy no encuentran justicia. En tal circuntancia, la única solución posible era devaluar.
Tras seis años de crecimiento económico récord de la economía, financiado especialmente por la cantidad de pesos que las autoridades monetarias pudieron poner en circulación al no tener la exigencia legal de respaldarlos con dólares ("tipo de cambio competitivo") estamos nuevamente frente a la disyuntiva de 2001: devaluar o no devaluar. En el período 2002 - 2009, la inflación, incluso según los cuestionados índices del INDEC, superó ampliamente el 100 % acumulado. Esto causó que el tipo de cambio nominal, hoy en 3,78 pesos por dólar, tenga menos poder de compra que lo que tenía, por ejemplo, en 2003 cuando registró ese mismo valor. Además, al encarecerse los productos nacionales gracias a la inflación, junto con el aumento del poder adquisitivo producido por las mejoras salariales y la recuperación de la economía nacional, aumentó la compra de bienes importados. A eso hay que sumarle un aumento sustancial en la presión tributaria, ubicada hoy en niveles récord y organizada de manera regresiva, afectando principalmente los ingresos de los pobres. A la estructura tributaria socialmente excluyente de los '90, se le sumaron impuestos a la producción como las retenciones a las exportaciones.
Por lo tanto, todos estos factores confluyen en renovados pedidos por más devaluación. Por un lado, a los industriales se les complica exportar si tienen una inflación interna elevada, un dólar casi fijo y un persistente aumento en las importaciones. Al campo también se le hace más difícil su labor: el nivel fijo de retenciones, combinado con precios de los granos en baja (o a niveles mucho menores que los récords de mediados de 2008) y costos internos en alza provoca mermas en la producción. Dado que el Estado no está dispuesto a resignar ingresos por retenciones, ni tampoco a embarcarse en ajustes al gasto público, la solución más simple que aparece a la vista es una nueva devaluación.
¿Qué efectos provocaría una nueva devaluación? Por un lado, los dólares que entran gracias al comercio exterior valdrían más en pesos. Eso significa un aumento inmediato en la recaudación por retenciones, Ganancias e Ingresos Brutos, además de mejorar la caja de los productores. Por otro lado, dada la larga historia inflacionaria argentina, los precios internos suelen acompañar la suba del dólar: más inflación. Como varias veces se reiteró en este espacio, los principales perjudicados por la inflación son los pobres: medidos en dólares, los sueldos se reducen al mismo tiempo que las ganancias de las empresas se multiplican por idéntica cantidad si facturan en moneda extranjera. Por lo tanto, se produce una impresionante transferencia de recursos de los sectores más pobres a los más ricos, empeorando la ya escandalosa distribución del ingreso. Mientras tanto, las empresas mineras, petroleras y pesqueras siguen girando divisas al exterior mediando sólo una declaración jurada sin control público. Las empresas ferroviarias y de transporte automotor siguen cobrando subsidios cada vez mayores para mantener funcionando servicios desastrosos, agravado por la inexistencia de un serio plan de reconstrucción del ferrocarril a nivel nacional.
Por ahora, los candidatos dicen que no habrá devaluación después de las elecciones. Permítaseme desconfiar de nuestro políticos.
En 2002, tras once años de convertibilidad, Argentina decidió desvalorizar su moneda para poder corregir los graves desequilibrios macroeconómicos que aquejaban a su economía: el tipo de cambio 1 a 1 favorecía la importación de productos extranjeros en desmedro de la producción y el empleo nacional, además de obligar al Gobierno a un delicado equilibrio en las medidas que tomaba para poder sacar al país de la recesión. En un esquema de tipo de cambio fijo, la cantidad de moneda en circulación ("oferta monetaria" en sus diferentes medidas) no puede ser determinado por el Banco Central a través de la política monetaria. Por ejemplo, cuando la economía amenaza con enfriarse, países como Estados Unidos o Brasil simplemente recortan la tasa de interés para aumentar la cantidad de dinero que se presta a través de los bancos, además de hacer más atractivos los créditos al consumo (los famosos "planes de cuotas"). Si al consumidor se le cobra menos recargo por usar la tarjeta de crédito o por comprar un lavarropas en cuotas,entonces estará más dispuesto a endeudarse para financiar sus gastos.
En cambio, en la Argentina de la Convertibilidad esto no era posible. Por ley, el Banco Central estaba obligado a entregar un peso por cada dólar que ingresaba al país y viceversa. Por lo tanto, la cantidad de pesos en circulación está fuertemente relacionada con la cantidad de moneda extranjera que entra a las arcas del Central. En un contexto de desconfianza y fuga de capitales como el de 2001, los "inversores" (categoría heterogénea que incluye desde a aquel que pone plata en la producción genuina de bienes y servicios, hasta los fondos buitres) se desprenden de los pesos que tienen y demandan dólares. El BCRA no tenía más remedio que entregarlos al precio que fijaba la ley, sin tener la posibilidad de dejar los pesos en circulación para estimular la demanda ya que eso contaría como "emisión sin respaldo", expresamente prohibida por la Ley de Convertibilidad: los dólares que respaldaban a esos pesos simplemente ya no están en el banco. De ahi vino el fenomenal robo de los ahorros privados conocido como "corralito" y "corralón", que aun hoy no encuentran justicia. En tal circuntancia, la única solución posible era devaluar.
Tras seis años de crecimiento económico récord de la economía, financiado especialmente por la cantidad de pesos que las autoridades monetarias pudieron poner en circulación al no tener la exigencia legal de respaldarlos con dólares ("tipo de cambio competitivo") estamos nuevamente frente a la disyuntiva de 2001: devaluar o no devaluar. En el período 2002 - 2009, la inflación, incluso según los cuestionados índices del INDEC, superó ampliamente el 100 % acumulado. Esto causó que el tipo de cambio nominal, hoy en 3,78 pesos por dólar, tenga menos poder de compra que lo que tenía, por ejemplo, en 2003 cuando registró ese mismo valor. Además, al encarecerse los productos nacionales gracias a la inflación, junto con el aumento del poder adquisitivo producido por las mejoras salariales y la recuperación de la economía nacional, aumentó la compra de bienes importados. A eso hay que sumarle un aumento sustancial en la presión tributaria, ubicada hoy en niveles récord y organizada de manera regresiva, afectando principalmente los ingresos de los pobres. A la estructura tributaria socialmente excluyente de los '90, se le sumaron impuestos a la producción como las retenciones a las exportaciones.
Por lo tanto, todos estos factores confluyen en renovados pedidos por más devaluación. Por un lado, a los industriales se les complica exportar si tienen una inflación interna elevada, un dólar casi fijo y un persistente aumento en las importaciones. Al campo también se le hace más difícil su labor: el nivel fijo de retenciones, combinado con precios de los granos en baja (o a niveles mucho menores que los récords de mediados de 2008) y costos internos en alza provoca mermas en la producción. Dado que el Estado no está dispuesto a resignar ingresos por retenciones, ni tampoco a embarcarse en ajustes al gasto público, la solución más simple que aparece a la vista es una nueva devaluación.
¿Qué efectos provocaría una nueva devaluación? Por un lado, los dólares que entran gracias al comercio exterior valdrían más en pesos. Eso significa un aumento inmediato en la recaudación por retenciones, Ganancias e Ingresos Brutos, además de mejorar la caja de los productores. Por otro lado, dada la larga historia inflacionaria argentina, los precios internos suelen acompañar la suba del dólar: más inflación. Como varias veces se reiteró en este espacio, los principales perjudicados por la inflación son los pobres: medidos en dólares, los sueldos se reducen al mismo tiempo que las ganancias de las empresas se multiplican por idéntica cantidad si facturan en moneda extranjera. Por lo tanto, se produce una impresionante transferencia de recursos de los sectores más pobres a los más ricos, empeorando la ya escandalosa distribución del ingreso. Mientras tanto, las empresas mineras, petroleras y pesqueras siguen girando divisas al exterior mediando sólo una declaración jurada sin control público. Las empresas ferroviarias y de transporte automotor siguen cobrando subsidios cada vez mayores para mantener funcionando servicios desastrosos, agravado por la inexistencia de un serio plan de reconstrucción del ferrocarril a nivel nacional.
Por ahora, los candidatos dicen que no habrá devaluación después de las elecciones. Permítaseme desconfiar de nuestro políticos.
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